Sin embargo, la aplicación de los beneficios establecidos por el Decreto 1419 ha generado una importante discusión jurídica que los contribuyentes, contadores, abogados y asesores tributarios deberían analizar antes de acogerse a las medidas.

¿Dónde surge la controversia?

El artículo 1 del Decreto Legislativo 1419 de 2026 establece expresamente que las medidas previstas en el decreto se aplicarán exclusivamente en los municipios afectados comprendidos dentro del ámbito territorial de la emergencia y respecto de personas naturales o jurídicas cuya afectación directa por el sismo haya sido acreditada por las autoridades competentes.

Esta disposición constituye el punto de partida de la controversia. Posteriormente, la DIAN publicó el Comunicado de Prensa No. 122 del 19 de septiembre de 2026, en el cual señaló que determinadas medidas tendrían aplicación para contribuyentes de todo el territorio nacional.

Entre ellas se encuentran la reducción del 85 % de determinadas sanciones, el pago de intereses moratorios utilizando una tasa especial del 4,5 % anual y determinados mecanismos de conciliación.

La DIAN posteriormente formalizó su interpretación

El asunto no quedó únicamente contenido en el comunicado de prensa. El 21 de septiembre de 2026, la Subdirección de Normativa y Doctrina de la DIAN expidió el Concepto 100208192-1737, mediante el cual desarrolló jurídicamente su interpretación sobre el ámbito de aplicación del Decreto 1419. Según la posición de la Administración Tributaria, debe distinguirse entre dos grupos de medidas.

Por una parte, las correspondientes al Capítulo II, relacionadas principalmente con facilidades y reprogramaciones de pago, están destinadas a los sujetos afectados dentro del ámbito territorial correspondiente.

Por otra, la DIAN considera que las medidas contempladas en los artículos 9, 10 y 11 del Capítulo III y el artículo 13 del Capítulo IV pueden aplicarse a contribuyentes, usuarios aduaneros y obligados cambiarios de todo el territorio nacional. La entidad sustenta esa interpretación, entre otros argumentos, en las reglas de interpretación normativa y en el principio de solidaridad.

¿Por qué existe una discusión jurídica?

El debate surge porque el artículo 1 del propio Decreto Legislativo contiene una regla general según la cual las medidas previstas en el decreto se aplicarán “exclusivamente” dentro del ámbito territorial allí determinado y respecto de personas naturales o jurídicas cuya afectación directa haya sido acreditada.

Al mismo tiempo, los artículos 9, 10 y 11 contienen una redacción amplia respecto de sus destinatarios y no reiteran expresamente la exigencia territorial prevista en el artículo 1. Por ejemplo, el artículo 9 se refiere, en términos generales, a contribuyentes, responsables, agentes retenedores, garantes y deudores solidarios de obligaciones administradas por la DIAN que se encontraran en mora al 10 de agosto de 2026.

La DIAN interpreta esta estructura normativa en favor de una aplicación nacional de determinadas disposiciones. No obstante, también existe una lectura jurídica alternativa según la cual el artículo 1 funciona como regla general de delimitación del decreto y, por tanto, condicionaría las disposiciones posteriores.

Un comunicado o concepto de la DIAN no modifica un decreto legislativo

Debe distinguirse entre interpretar una disposición y modificarla. Un comunicado de prensa de la DIAN tiene naturaleza informativa y no posee la misma jerarquía normativa de un decreto legislativo. El Concepto 100208192-1737 tiene una relevancia jurídica superior al simple comunicado porque constituye doctrina oficial expedida por la Subdirección de Normativa y Doctrina de la entidad. Sin embargo, continúa siendo una interpretación administrativa del ordenamiento y no una modificación del texto del Decreto Legislativo 1419 de 2026.

Por consiguiente, la discusión jurídica no debería reducirse a señalar qué dice el comunicado de prensa. El verdadero análisis debe confrontar el texto del Decreto Legislativo 1419 de 2026 con la interpretación posteriormente adoptada por la DIAN.

¿Qué beneficios están involucrados?

El artículo 9 permite, bajo determinadas condiciones y hasta el 19 de noviembre de 2026, reducir sanciones y aplicar una tasa especial de interés moratorio.

Entre los requisitos se encuentra el pago del 100 % de la obligación principal, el pago de los intereses calculados bajo las condiciones establecidas por la norma y el pago del 15 % de determinadas sanciones y actualizaciones.

El Decreto también contempla tratamientos especiales para declaraciones omitidas o corregidas, obligaciones formales y determinados procesos de conciliación contencioso-administrativa. Por ello, determinar correctamente quién puede acogerse a cada beneficio resulta fundamental.

El contribuyente debe actuar con cautela

La existencia de doctrina oficial de la DIAN favorable a una aplicación nacional de determinados artículos constituye un elemento jurídico relevante que debe ser considerado por contribuyentes y asesores.

Sin embargo, también debe tenerse presente que los decretos legislativos expedidos durante los estados de emergencia están sometidos al correspondiente control constitucional, y que una controversia sobre la interpretación de sus disposiciones puede terminar siendo definida por las autoridades judiciales competentes.

Por esa razón, antes de acogerse a cualquiera de los tratamientos extraordinarios resulta recomendable verificar individualmente:

• el artículo específico que contiene el beneficio;
• el domicilio fiscal del contribuyente;
• la eventual acreditación de afectación directa por el sismo;
• la fecha de la obligación;
• la existencia de mora, sanciones o procesos administrativos o judiciales;
• los requisitos especiales establecidos por el Decreto 1419;
• y la doctrina vigente de la DIAN al momento de realizar la actuación.

Asesores y contribuyentes deben documentar sus decisiones

La reducción de una sanción o de intereses puede representar un ahorro considerable en el corto plazo, pero la aplicación de un tratamiento tributario extraordinario exige establecer previamente que se cumplen todos sus presupuestos legales. Por ello, no debería bastar con fundamentar una decisión exclusivamente en un comunicado de prensa.

En operaciones de importancia económica resulta aconsejable conservar un expediente que documente el artículo aplicado, los requisitos cumplidos, las liquidaciones efectuadas y la doctrina administrativa utilizada como fundamento.