Quedan pendientes sus competencias y procedimientos en Colombia
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino,
informó que el orden del día de la sesión plenaria de la Cámara de
Representantes fue nuevamente modificado, situación que, según manifestó,
impidió que avanzara el proyecto. La funcionaria señaló que esta jurisdicción
especializada ha sido esperada durante décadas por millones de campesinos que
requieren mecanismos judiciales para resolver conflictos relacionados con la
tierra. El Gobierno anunció que presentará
nuevamente la iniciativa ante el Congreso, con el propósito de
continuar la reglamentación de la Jurisdicción Agraria y Rural.
¿El archivo del
proyecto elimina la Jurisdicción Agraria?
No. Es importante diferenciar entre la creación
constitucional de esta jurisdicción y el proyecto que pretendía reglamentar sus
competencias y procedimientos. La Jurisdicción
Agraria y Rural fue incorporada a la Constitución mediante el Acto Legislativo
03 de 2023, por lo que el archivo de este proyecto de ley no
significa su desaparición.
Posteriormente se expidió la Ley 2570 de 2026,
mediante la cual se avanzó en la definición de la estructura institucional de
esta jurisdicción, incluyendo juzgados y tribunales especializados. Lo que
queda pendiente es establecer con mayor precisión qué controversias conocerán los
jueces agrarios, cuáles serán sus facultades y qué procedimiento deberá
aplicarse para resolver estos conflictos.
Propiedad privada
y terrenos baldíos estuvieron en el centro de la discusión
Uno de los principales puntos de controversia durante el
trámite legislativo estuvo relacionado con las disposiciones sobre terrenos baldíos, propiedad
rural y las actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Sectores críticos del proyecto manifestaron preocupación
frente al alcance de algunas facultades contempladas en la iniciativa y sus
posibles efectos sobre el derecho
de propiedad privada. También surgió el debate sobre si
determinadas disposiciones podrían facilitar actuaciones administrativas o
judiciales que afectaran predios privados.
Por su parte, el Gobierno ha sostenido que la
Jurisdicción Agraria tiene como finalidad proporcionar una justicia especializada para
solucionar los conflictos rurales, facilitar el acceso a la
justicia y brindar respuestas judiciales a controversias históricas
relacionadas con la tierra.
¿Qué asuntos podría conocer la Jurisdicción Agraria?
La reglamentación resulta especialmente importante porque
deberá delimitar los conflictos que serán competencia de los jueces agrarios y
rurales. Entre los asuntos relacionados con esta jurisdicción se encuentran
controversias vinculadas con la tenencia,
posesión, propiedad y uso de la tierra rural, así como
determinados conflictos agrarios cuya competencia deberá quedar expresamente
delimitada por el legislador.
Esta definición resulta fundamental para establecer hasta
dónde llegará la competencia de los nuevos jueces y evitar conflictos con la jurisdicción ordinaria y la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
¿Qué sigue ahora?
El archivo del proyecto obliga a iniciar nuevamente el
trámite legislativo de una iniciativa que defina las competencias y
procedimientos de la Jurisdicción Agraria y Rural. Mientras esto ocurre,
permanecen vigentes las normas que dieron fundamento constitucional e
institucional a esta jurisdicción.
Por tanto, la Jurisdicción Agraria y Rural no fue eliminada. Lo que quedó archivado fue el proyecto destinado a desarrollar una parte esencial de su funcionamiento: las competencias de los jueces y los procedimientos para resolver los conflictos agrarios. El nuevo proyecto que presente el Gobierno deberá retomar una discusión especialmente relevante para el sector rural colombiano: cómo garantizar una justicia agraria especializada y, simultáneamente, establecer reglas claras sobre propiedad privada, terrenos baldíos, competencias judiciales y actuaciones de las autoridades agrarias.
