La iniciativa busca sancionar actos vandálicos cometidos ocultando la identidad durante manifestaciones públicas.
La iniciativa,
denominada por sus promotores como “Ley Anticapuchos”, plantea penas de 54
a 96 meses de prisión, equivalentes a entre cuatro años y seis meses y ocho
años, además de multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales
vigentes. El proyecto fue presentado por los representantes Jaime
Arizabaleta, Miguel Ángel Pinto y Daniel Briceño, del Centro Democrático; Julio
César Triana, de Cambio Radical; y Guillermo Alvira, del Partido Conservador,
entre otros congresistas que respaldan la iniciativa.
No se sancionaría únicamente el uso de capucha
Uno de los
aspectos importantes del proyecto es que la conducta propuesta no se
configura simplemente por utilizar una capucha durante una protesta. El
articulado relaciona la sanción con la utilización deliberada de prendas,
máscaras, pasamontañas u otros medios destinados a impedir o dificultar la identificación
de una persona cuando dicho ocultamiento esté asociado con la comisión de
actos vandálicos en una manifestación, reunión, movilización o
concentración pública.
Los promotores
sostienen que la iniciativa busca diferenciar a quienes ejercen pacíficamente
su derecho constitucional a manifestarse de quienes aprovechan las
movilizaciones para cometer delitos ocultando su identidad.
Habría circunstancias agravantes
El proyecto
también contempla circunstancias de agravación cuando durante estas conductas
se utilicen artefactos de fabricación artesanal, explosivos, sustancias
corrosivas u otros elementos capaces de causar graves daños a las personas o a
bienes públicos y privados. Igualmente, se establecen condiciones
especiales cuando las acciones recaigan sobre establecimientos educativos,
instituciones prestadoras de servicios de salud, instalaciones de organismos de
socorro, bienes de interés cultural o infraestructura de servicios públicos
esenciales.
También contempla la obstrucción de vías
La propuesta
incluye disposiciones relacionadas con la obstrucción de vías e infraestructura
de transporte. Según el articulado, quien por medios ilícitos incite, dirija,
constriña o proporcione los medios para obstaculizar temporal o permanentemente
las vías o infraestructura de transporte, cuando con ello se afecten la vida
humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el
derecho al trabajo, podría enfrentar prisión de 54 a 96 meses y
multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También
se contempla la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por un término equivalente al de la pena de prisión.
El proyecto abre nuevamente el debate sobre protesta y seguridad
La iniciativa
plantea un debate jurídico sobre la forma de garantizar simultáneamente el derecho
constitucional a la protesta pacífica, la seguridad ciudadana, el orden público
y la protección de los bienes públicos y privados. Sus promotores sostienen
que el objetivo es proporcionar mayores herramientas a las autoridades para
identificar y judicializar a quienes cometan conductas delictivas aprovechando
el anonimato durante las movilizaciones.
Sin embargo, el
alcance definitivo de las disposiciones dependerá de los cambios que pueda
tener el articulado durante su discusión en el Congreso y del análisis sobre su
compatibilidad con las garantías constitucionales relacionadas con la protesta
y la reunión pública.
La denominada Ley
Anticapuchos todavía no está vigente. Se trata de un proyecto que deberá
superar los debates correspondientes en el Congreso de la República antes de
convertirse en ley. El proyecto iniciará su discusión en la Comisión Primera
de la Cámara de Representantes, escenario en el que se debatirá el alcance
de las nuevas conductas penales propuestas y sus eventuales modificaciones.
