La jurisprudencia constitucional abrió el camino desde 2023
Mediante las
sentencias C-197 de 2023 y C-054 de 2024, la Corte concluyó que exigir a
hombres y mujeres el mismo número de semanas desconocía las desigualdades que
enfrentan las mujeres en el mercado laboral, especialmente por las interrupciones
asociadas al trabajo de cuidado no remunerado, la informalidad y las
dificultades para mantener una cotización continua.
Por ello, la Corte
estableció mecanismos para reducir progresivamente las semanas exigidas a las
mujeres y difirió los efectos de sus decisiones hasta el 1.º de enero de
2026, dando al Congreso la oportunidad de regular la materia con enfoque de
género.
¿Qué hizo la reforma pensional?
La Ley 2381 de
2024 incorporó posteriormente la reducción progresiva de semanas dentro del
nuevo sistema pensional. Esto significa que el enfoque diferencial no nació
exclusivamente con la reforma: cuando el Congreso expidió la ley, la Corte
ya había reconocido la necesidad de corregir esta desigualdad.
Además, las
decisiones constitucionales comenzaron a producir efectos desde 2026,
independientemente de que la entrada en vigencia general de la reforma
pensional estuviera sometida al control de constitucionalidad.
Todavía existen interrogantes
El principal reto
ahora está en la aplicación práctica. Persisten discusiones sobre cómo opera la
reducción frente a mujeres que ya habían completado determinado número de
semanas pero cumplen posteriormente la edad de pensión, así como sobre sus
posibles efectos en la liquidación de la prestación.
A esto se suma el
beneficio de reducción de semanas por hijos previsto en el artículo 36
de la Ley 2381 de 2024, cuya situación jurídica debe diferenciarse de la
reducción general de semanas y analizarse conforme al control constitucional de
la reforma.
En conclusión,
aunque la reforma pensional incorporó importantes medidas con enfoque de
género, la Corte Constitucional fue determinante en abrir el camino para
reducir las semanas de cotización de las mujeres. El desafío ahora es
garantizar reglas claras y uniformes para que estos beneficios puedan aplicarse
efectivamente.
